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MULTICULTURALIDAD

Ser hospitalarios, un reto para todo cristiano

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La frontera es así posibilidad de encuentro y relación fecunda con el otro diferente, “rostro con rostro”, sin máscaras. La frontera es el lugar del ejercicio de la identidad y alteridad, del diálogo interpersonal. Es el espacio privilegiado para el intercambio afectivo y familiar, social, cultural, religioso, económico y político entre los diferentes sujetos y contextos existentes a ambos lados de las fronteras. En este sentido hablamos de “fronteras simbólicas”. Equipo itinerante del Amazonas 


Las regiones fronterizas son mucho más que límites políticos entre los estados de la región latinoamericana, se trata de espacios de vida donde millones de personas de los distintos países construyen sus proyectos en medio de inmensas dificultades. Esos escenarios no se encuentran solamente en las “periferias” de los países, sino que hacen parte de lugares de exclusión que existen también en las ciudades capitales de los mismos o en sus puertos principales.

Esta realidad parece no hacer parte de las preocupaciones de la mayoría de integrantes de la sociedad civil, y las especificidades de dichas si­tuaciones humanitarias quedan opacadas por un discurso de seguridad nacional o de políticas macroeconómicas que desconocen al ser huma­no y su dignidad.

En dichos contextos los riesgos de vinculación de adolescentes y jóvenes a dinámicas ilegales son cada día mayores, como consecuencia de la legitimación de la acción violenta como medio para solucionar los conflictos sociales o como vía para subsistir en escenarios de precariedad y desprotección de los estados.

Es preocupante el incremento de brotes de discriminación de parte de algunas franjas de las sociedades de acogida, que en el pasado se han distinguido por am­plios procesos de solidaridad y hospitalidad con los migrantes forzados. Los discursos cargados de polarización han calado hondo en las mentes y corazones de los latinoamericanos.

Las fronteras y la migración forzada de niñas, niños y jóvenes

La migración forzada en la región de Latinoamérica y el Caribe ha tocado directamente la vida de más de cinco millones de personas, siendo el desplazamiento forzado de colombianos hacia los países vecinos el más notorio. Sin embargo, los flujos de migración forzada incluyen también a los haitianos que buscan espacio para vivir en varios países de la región.

Muchos de los refugiados colombianos y migrantes haitianos se encuentran varados en las regiones fronterizas de Colombia con Panamá, Venezuela y Ecuador respectivamente, y los segundos en la Amazonía (triple frontera Brasil-Colombia-Perú) y en Acre (triple frontera Brasil- Perú-Bolivia). Quienes logran cruzar hacia las grandes ciudades tales como Colón y Ciudad de Panamá, Quito y Guayaquil, Manaos, Santiago de Chile, se encuentran atrapados en las fronteras simbólicas de estas ciudades, donde enfrentan la desprotección ante el endurecimiento de las políticas de migración y de asilo, y las actitudes de discriminación y estigmatización por parte de algunos grupos de las sociedades de acogida.

Estas personas llegan a los nuevos territorios con la intención de continuar con sus vidas, procurando aportar lo mejor de sí para construir junto con las comunidades de acogida espacios de convivencia y paz. El Servicio Jesusita a Refugiados (SJR) acompaña dichos procesos en varios pueblos y ciu­dades de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y, recientemente apoyó el trabajo de los jesuitas de Brasil en las ciudades de Manaos y Tabatinga.

En los contextos de migración forzada, tanto en las zonas de riesgo de expulsión como en los lugares de llegada, uno de los grupos humanos más vulnerables son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las dificultades para gozar efectivamente del derecho a la Educación, entre otros derechos vulnerados, hacen mucho más complejo el proceso de integración de ellas y ellos a los lugares de llegada. Se trata de un crecimiento en “tiempos de espera” donde desde edades tempranas se encuentran en riesgo de ser vinculados a dinámicas ilegales que atentan contra su vida y dignidad.

El SJR ha venido haciendo una apuesta clara por fortalecer los procesos juveniles alrededor de la producción cultural como herramienta muy valiosa en la construcción de proyectos de vida alejados de las dinámicas del conflicto armado y de la ilegalidad. Igualmente hace una apuesta permanente por favorecer procesos en los cuales las personas que han sufrido el desplazamiento forzado y las comunidades de acogida, que en muchas oportunidades son poblaciones con grandes carencias socioeconómicas, se reconozcan como sujetos de derechos y actúen en conse­cuencia, pasando de una identificación de Víctimas a una más proactiva de Actores de su propia vida.

La realidad de desprotección a la que se enfrentan los migrantes forzados en la región

Desde el año 2011 se ha venido insistiendo a nivel regional en que existe un evidente retroceso del reconocimiento y la protección de las per­sonas que siguen huyendo dentro de Colombia y hacia los países vecinos. Las garantías de protección de las y los refugiados comienzan con la posibilidad de realizar una solicitud ante el país de llegada, recibir de este una respuesta afirmativa y en ningún caso ser devueltos.

Sin la documentación, su vida, seguridad y posibilidades de gozar de todos los derechos se ven limitados. La realidad para miles de personas que han huido por miedo, y que se encuentran en las regiones fronterizas y en las ciudades capitales de la región, está marcada por la dificultad de contar con un documento de identidad que les brinde seguridad, que garantice su no devolución, que facilite el tránsito en el país de llega­da, el acceso a la educación y de manera muy particular la posibilidad de contar con medios de vida dignos donde no sean explotadas y explo­tados. El primer reto de quien huye entonces es: ser reconocido en su necesidad de protección. En este sentido, los índices de aceptación de solicitudes ante las oficinas nacionales de Refugio son muy bajos, igualmente cada vez es más difícil acceder a la determinación de la condición de refugiado.

Igualmente en la extenuante experiencia de quienes han tenido que dejarlo todo huyendo de los distintos tipos de violencias, el reconocimien­to jurídico de su situación de Desplazamiento Forzado o de su estatus de Refugiado, debe verse reflejado en el mejoramiento de sus condicio­nes de vida. La vida cotidiana de las y los refugiados está sembrada de imposibilidad para gozar de sus derechos humanos: identidad, alimento, trabajo, educación, vivienda, entre los más necesarios. Esperar uno o dos años para obtener el reconocimiento legal, no garantiza el logro de esos objetivos básicos. En Colombia por ejemplo “el 94% de las personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares viven en la pobreza, el 77% en la extrema pobreza y cerca de la mitad dice padecer hambre”.

La mayoría de las veces, mejorar las condiciones de vida depende de lograr conseguir un trabajo, las y los refugiados no llegan con los brazos cruzados. Sin embargo se encuentran con algunas limitantes. Lo que sucede en Panamá ilustra esta situación: el gran problema que las perso­nas solicitantes afrontan es que los procedimientos de asilo suelen ser muy largos y durante todo este tiempo no gozan de protección adecua­da. Al no contar con permiso laboral, enfrentan condiciones de vida que distan mucho de ser dignas. Las consecuencias que esto acarrea es que se profundiza aún más la situación de vulnerabilidad de estas personas, que viven con miedo, desprotegidos de los abusos patronales y sin acceso a servicios para los que se requiere documentación, entre otras cosas.b_500_0_16777215_00_images_imagenes_Multiculturalidad_Global_im-mul-glo-0000008.jpg

Dificultades en los caminos de la integración

Las y los refugiados cuentan con la posibilidad de retomar el curso de sus vidas en medio de las comunidades donde se instalan. De hecho, una de las soluciones duraderas a la realidad de estas personas, la auto-subsistencia y la integración local, implica un proceso de construcción con­junta con las comunidades que les reciben.

Los derechos humanos también son un programa de transformación a futuro. Los estados de la región tienen la obligación de hacer efectiva la protección de los derechos humanos de los solicitantes y refugiados, mediante la correcta aplicación de los mecanismos regionales de protección y la incorporación de acciones positivas en sus políticas públicas en armonía con la evolución del derecho internacional.

Por otro lado, para que los solicitantes no caigan en la re-victimización, creemos conveniente que se establezcan programas de integración de los solicitantes y refugiados a la vida productiva del país y que se sensibilice a la población, a través de las organizaciones, los medios de comu­nicación y el Estado, sobre lo que significa ser una persona bajo necesidad de protección internacional.

Por ejemplo para el caso del Ecuador, las políticas públicas universales de educación y salud son un gran avance, que responde adecuadamen­te a los contextos de movilidad humana que se viven en este país. Sin embargo los mayores problemas vinculados a estos ámbitos provienen de la respuesta de la sociedad de acogida a esta población, basada en la discriminación y en las muchas veces precarias condiciones de estos servicios. En cuanto al acceso al trabajo y vivienda la situación es mucho más compleja y no existen políticas públicas universales de las que se puedan favorecer. Hemos observado en Ecuador que ni para los refugiados y refugiadas que cuentan con documentación y protección interna­cional es fácil entrar al mercado laboral formal y acceder a los beneficios de ley.

El aspecto de las dificultades para conseguir un empleo en condiciones de dignidad e igualdad, es uno de los obstáculos con los que se en­cuentran las personas que han migrado forzadamente. Preocupa de manera particular este aspecto, puesto que el aprovechamiento de dicha vulnerabilidad por parte de quienes les contratan en condiciones de explotación, es una de las realidades donde se hace evidente el riesgo de ser re-victimizados en los lugares de llegada. Igualmente es tal vez uno de los rasgos que permiten reconocer la estructura de injusticia (despo­jo-expulsión-explotación) donde se enmarca el desplazamiento forzado.

El valor de la hospitalidad: un reto común

La superación del Conflicto Armado colombiano y sus efectos nos tomará por lo menos una década, e implicará la colaboración de los diversos sectores de las sociedades en la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose. La hospitalidad de las comunidades de acogida es la garantía para iniciar desde ya procesos de reconciliación y de búsqueda de soluciones duraderas para miles de personas en la región, que al huir han elegido la vida como valor supremo. La paz se va construyendo en la vida cotidiana y los migrantes forzados allí donde se encuentran tienen la oportunidad de aportar en este camino conjuntamente con quienes les han acogido.

“La hospitalidad abre fronteras” es un nombre sencillo para decir en pocas palabras que la promoción de una cultura de acogida, de solidaridad y de construcción de la paz pasa necesariamente por la práctica de la hospitalidad que nos permite abrir las fronteras que tenemos dentro (este­reotipos, prejuicios, reticencias, miedos) al ponernos ante el otro (extranjero, diferente) e invitarnos a encontrarlo y caminar con él.

La hospitalidad abre nuestras fronteras internas y, de este modo, nos lanza a abrir las fronteras geográficas y simbólicas de exclusión entre los países y dentro de las grandes urbes, fronteras construidas históricamente por los Estados y reforzadas cada vez más por políticas y leyes migratorias duras, para construir una región abierta, solidaria y fraterna.

La hospitalidad abre fronteras es una invitación a reconocer que desde la experiencia concreta de quienes se han desplazado forzadamente o son refugiados, y en particular de aquellos más jóvenes -niños, niñas, jóvenes y adolescentes-, se nos plantea un reto común como sociedad: las fronteras están dentro de nuestro corazón, y siempre, en comunidad, es posible comenzar de nuevo. Desde las dinámicas artísticas y culturales, deportivas y lúdicas los jóvenes se encuentran para construir conjuntamente, entre recién llegados y comunidades de acogida, en una muestra práctica del valor de la hospitalidad.

Las mismas personas que han sufrido la migración forzada, que se encuentran en situación de desplazamiento y de refugio, o que hacen parte de un considerable grupo humano con necesidades de protección internacional, han transitado dicha realidad procurando no perder la espe­ranza y buscando las mejores estrategias para seguir adelante. Sin embargo, muchas veces ellas y ellos tienen el riesgo de ir perdiendo su propia identidad bajo discursos de victimización y renuncia a sus propias potencialidades.

Encontramos muy pertinente el desarrollo de estrategias de sensibilización que partan de las mismas comunidades que han sufrido la migra­ción forzada y que se proyecten a la Sociedad Civil, con el objetivo de tender puentes de comunicación directos y contundentes. El continente Americano se encuentra en movimiento, vivimos inmersos en una sociedad global de la migración, donde los desplazamientos forzados son co­tidianos. Es importante aportar en la construcción conjunta de nuevos discursos que permeen las decisiones de los estados para dar respuesta efectiva a dichas realidades, y que ante todo transformen las mentes y los corazones de la sociedad en general, que en últimas es quién puede movilizar los cambios requeridos.

Por Luis Fernando Gómez, Coordinador regional de Incidencia del SJR LAC

Fuente: http://sjrlac.org/campaign_detail?TN=PROJECT-20131029082916&L=3

 

 

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